El Gobierno quiere acortar a la mitad los plazos e incluso aspira a alcanzar un acuerdo durante la Presidencia española del Consejo Europeo, en el segundo semestre
El Gobierno español ha propuesto a la Comisión Europea una reforma casi total del mercado eléctrico para bajar los precios a largo plazo y reducir su volatilidad. Bruselas prepara el proceso para introducir cambios en el funcionamiento del mercado de electricidad, y España se ha adelantado y ha sido el primer estado miembro en remitir un plan integral sobre cómo afrontar la reforma, apostando por fragmentar el mercado actual por tecnologías e imponiendo contratos y precios fijos a largo plazo para nucleares, hidroeléctricas y renovables.
España trata de acelerar el proceso para que la Unión Europea alcance un acuerdo para la reforma estructural de los mercados de la electricidad. Los plazos habituales para emprender una reforma de este calado en la UE sería de dos años, pero el Gobierno español mete presión para que se adopte una decisión en breve y sellar un pacto entre los Veintisiete este mismo año o muy a principios de 2024.
Desde el Gobierno se ve ahora como una “opción perfectamente factible” que durante la Presidencia Española del Consejo Europeo, en el segundo semestre de este año, se pudiera lograr un acuerdo para la reforma estructural del mercado de la electricidad en la UE, según apuntan fuentes oficiales. El Ejecutivo subraya el interés mostrado por Alemania, Francia o Italia por estudiar la propuesta española.
Prorrogar la ‘excepción ibérica’
España y Portugal aspiran a mantener la excepción ibérica -el límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad para contener la cotización- mientras la UE activa una reforma integral de las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico. El tope al gas se entiende en Madrid y Lisboa como una medida estrictamente temporal que dejará de ser necesaria si se cambian las reglas de juego de los mercados comunitarios.
La pretensión española y lusa era prolongar el tope al gas al menos hasta final de 2024 para blindarse frente a grandes subidas del precio de la luz mientras dure la crisis energética o hasta que hubiese un acuerdo para reformar el mercado, pero la Comisión Europea de momento sólo se plantea aprobar una prórroga hasta final de este año.
La Comisión Europea ya ha trasladado a España y Portugal que la ampliación de la excepción ibérica, que expira el próximo 31 de mayo, no puede ir más allá de este 2023, porque es el periodo en que está vigente el marco temporal de ayudas por la guerra de Ucrania. Si la Unión Europea no prolonga este marco especial de medidas de apoyo, tampoco podrá hacerlo el tope al gas ibérico más allá de fin de año.
Así se lo transmitió el pasado miércoles la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, en la reunión que mantuvieron la semana pasada, según confirman fuentes ministeriales. Tras el encuentro con la comisaria Vestager, el Gobierno español asume ahora como “un escenario perfectamente razonable” la ampliación del mecanismo sólo siete meses, hasta fin de año, frente a la pretensión inicial de llevarlo hasta 2025.
En cualquier caso, el Ejecutivo ve dos escenarios posibles a partir de ahora: que la UE amplíe el marco temporal de ayudas por la guerra, lo que permitiría también una eventual extensión de la solución ibérica más allá de 2023; o, preferentemente, que se llegue a un acuerdo este año en el seno de la Unión para reformar los mercados eléctricos. Acortar los plazos y cambiar las normas de funcionamiento del mercado eléctrico “constituye el problema real y la estrategia central para España”, según el Gobierno.
La reforma que quiere Ribera
Bruselas ha abierto un periodo de consulta pública de tres semanas para recibir propuestas de los estados miembros y de los agentes del sector energético sobre cómo afrontar una reforma del mercado eléctrico para reducir la volatilidad de los precios y proteger mejor a los consumidores en caso de escalada de la cotización. La Comisión Europea, que tiene el objetivo de presentar su plan de reforma en marzo, ya ha recibido propuestas de manera anticipada de España, Francia y Grecia.
El Gobierno español ha propuesto a Bruselas cambiar las reglas actuales de funcionamiento de los mercados eléctricos europeos, que fijan los precios mediante un sistema marginalista (que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás) y que ha hecho que los precios disparados del gas natural haya contaminado el precio de la electricidad durante la crisis energética.
España ha propuesto, en la práctica, mantener en el actual mercado diario e intradiario la electricidad producida por las centrales de gas y de carbón, que cobrarían una compensación (pagos por capacidad) por estar disponibles en picos de demanda. Las renovables, las nucleares y la hidráulica pasarían a tener un precio fijo durante años mediante contratos con el sistema eléctrico. El precio que cobrarían las renovables se situaría por un sistema similar a las actuales subastas del Gobierno, mientras que el de nucleares e hidroeléctrico sería un precio fijado por el regulador.
Los mercados mayoristas eléctricos en Europa funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en muchos casos la que realizan las centrales de gas, que durante la crisis energética han sufrido los precios internacionales disparados, y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.
España y Portugal aplican un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad). Con ello, el conjunto del mercado eléctrico contiene su precio al conseguir desacoplarse del precio del gas. Según los cálculos del Gobierno, los consumidores españoles se han beneficiado de un ahorro neto de más de 4.500 millones de euros gracias al menor precio marcado por el mercado gracias al tope al gas.
fuente : Diario de Mallorca
