El gobierno de España anunció que financiará 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles, buscando así reducir el costo de las viviendas y frenar las subas de las rentas.
Sánchez explicó que estas viviendas que serán destinadas exclusivamente al alquiler, serán tanto de nueva construcción como propiedades ya existentes que serán rehabilitadas.
Las mismas serán financiadas mediante una nueva línea del banco público ICO (Instituto de Crédito Oficial) de 4.000 millones de euros.
Estas 43.000 viviendas se sumarán a otras 50.000 ya anunciadas que forman parte del plan de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
La Sareb surgió a partir de la crisis financiera de 2008 para vender o alquilar las viviendas embargadas por los bancos a partir de dicha crisis. Entre préstamos e inmuebles, la firma maneja lo que en su momento eran 200.000 activos “tóxicos” o “subprime”.
Según indicó La Moncloa en un comunicado, la entidad posee un stock potencial de viviendas terminadas de 21.000 unidades, 14.000 habitadas a cuyos inquilinos se les ofrecerá asistencia y suelos disponibles para construir 15.000 nuevas viviendas.
“Vamos a hacer del acceso a la vivienda un derecho y no un problema, porque no hay nada más constitucional que la nueva Ley de Vivienda y convertir vivienda en el quinto pilar estado bienestar”, remarcó Sánchez en declaraciones difundidas por la agencia Europa Press.
El próximo 28 de mayo se desarrollarán las elecciones municipales y autonomices en España, y Sánchez busca colocar en la mesa la problemática de la vivienda, una de las principales en España junto con el desempleo.
En su discurso, el mandatario socialista cuestionó la política “neoliberal” de vivienda durante los gobiernos del Partido Popular (PP), donde –remarcó- se convirtió en una “mercancía” en lugar de ser un derecho.
Todo indica que la nueva Ley de Vivienda a la que hace referencia Sánchez será aprobada por el Parlamento en las próximas semanas, luego de que la coalición gobernante alcanzara un acuerdo con los movimientos independistas, el catalán ERC, y el vasco Blidu.
La normativa incorpora dentro del territorio español las denominadas “zonas tensionadas”, áreas que podrán declarar las comunidades autónomas y donde los alquileres superen el 30% de los ingresos promedio de los hogares, o, en su defecto, donde el precio de la vivienda en venta o alquiler aumentó, al menos, 3 puntos por encima de la inflación en los últimos cinco años.
En el caso de estas zonas, los nuevos contratos de alquiler estarán regulados y no podrán subir más que un determinado porcentaje.
Los topes a los alquileres ya fueron implementados por el fuerte incremento inflacionario durante la pandemia, en un país donde normalmente los propietarios usaban el índice de inflación para indexar la renta, aunque los mismos no aplican a la hora de efectuar nuevos contratos.
En las mismas la suba anual del alquiler estará indexada a la del contrato anterior y no podrá superar 2% en 2023 y el 3% en 2024, y luego en 2025 se regirá bajo un nuevo índice que será inferior a la evolución de la inflación, como lo era hasta ahora.
Además, la ley incrementa las reservas de terrenos urbanizables para vivienda pública, establece que los desalojos no se podrán realizar sin fecha ni hora establecidas y permite utilizar fondos estatales para ofrecer a los desalojados alternativas habitacionales.
Del mismo modo, rebaja la definición de “gran propietario” de diez a cinco inmuebles, aplicándoles así normativas específicas para reducir la especulación y acaparamiento de inmuebles.
Fuente : Ambito
