Hay zonas de España en las que, desde hace más de cien días, no cae una gota de agua. Entre el 1 y el 17 de abril no llovió en más de la mitad del país. Pero esta sequía, la más severa desde los años ’70, no sólo desespera a ganaderos y campesinos sino que se convirtió también en otro foco de disputa política que hasta puede incluir sanciones a España por parte de la Unión Europea.
El 27 por ciento del país se encuentra en alerta o en emergencia por la falta de agua y, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, España enfrenta una sequía que asfixia al 60 por ciento del campo español con un 20 por ciento menos de lluvias de lo habitual.
Para intentar aliviar esta emergencia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocó el miércoles la Mesa de la Sequía, el botón rojo que activa la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales “para dar una respuesta ante situaciones que suponen grandes pérdidas para los sectores agrario, pesquero y medioambiental” cuando surgen contratiempos climáticos.
La Mesa de la Sequía denunció esta semana más de 3,5 millones de hectáreas de cosechas dañadas en España.
La disputa en el parque nacional de Doñana
Al trágico costo económico que esta escasez de agua está provocando se suma un nuevo enfrentamiento político entre el gobierno de coalición PSOE-Podemos y el Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición, por el tratamiento que se le debe dar al Parque Nacional de Doñana, el humedal más grande de Europa que, no ajeno a la sequía, padece su propia falta de agua: se calcula que los acuíferos subterráneos están al 30 por ciento de su capacidad real.
Doñana es un parque natural de más de 50 hectáreas que comparten las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla y cuyos acuíferos se han convertido en oro en polvo para los agricultores de la zona.
El gobierno andaluz, en manos de Juanma Moreno, del PP, pretende legalizar regadíos para cultivos -actualmente ilegales- en el entorno de Doñana y que representan, según argumentan, el sustento de esas zonas agrícolas.
El Parlamento de Andalucía aprobó la tramitación urgente de una proposición de ley del PP y de la ultraderecha de Vox para ampliar los regadíos de Doñana a unas 800 hectáreas que se reconocen como terrenos agrícolas.
El gobierno de Pedro Sánchez se opone a la propuesta alertado por las recomendaciones de la Comisión Europea, que ya multó a España y amenaza con volver a hacerlo si no protege el humedal de Doñana y su valioso patrimonio ecológico.
Este jueves, el presidente Pedro Sánchez viajó al Parque Nacional de Doñana.
“Si el sentido común y la legislación comunitaria nos está diciendo que no a este proyecto de ley del Partido Popular con Vox, creo que no hay ninguna excusa para no abandonar esa postura soberbia y, por lo tanto, volver a la legalidad europea y frenar este atropello”, dijo desde allí.
“Esto no va de costo electoral”, agregó Sánchez en alusión a la primera cita en las urnas que espera a los españoles: el 28 de mayo habrá elecciones municipales y autonómicas. Las generales llegarán en diciembre.
“No es aceptable que este intento de atropello del Partido Popular con Vox en la Asamblea de Andalucía vaya a tener como resultado final una multa que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos españoles por haber contravenido las sentencias europeas”, enfatizó el presidente.
El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevicius, hizo saber por escrito que está al tanto del proyecto de ley andaluz, que ya pidió explicaciones al gobierno de Sánchez y que utilizará todas las herramientas a su alcance para asegurarse de que España cumpla con la legislación medioambiental comunitaria y proteja el humedal.
España podría sufrir sanciones económicas por no hacerlo.
“La sequía no se soluciona con golpes de pecho, se palía con inversiones e infraestructuras. Hace falta que el gobierno central tenga una política de agua para toda España”, se defendió hace unos días el presidente andaluz, Juanma Moreno.
“Urge un compromiso mucho mayor del gobierno de la Nación con las infraestructuras hidráulicas pendientes. Se echa en falta una sólida política de agua”, reclamó el andaluz.
“Hasta la fecha, el gobierno respondió con un solo decreto de sequía, por importe de 9,7 millones de euros, frente a los 300 millones que a través de tres decretos nosotros ponemos en marcha”, detalló.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, apuntó este jueves contra Moreno: “Prometiéndoles un agua que no existe no se resuelve”, dijo la ministra.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, coincidió este jueves en Andalucía con el presidente Sánchez.
“No es coherente venir en Falcon (el avión presidencial) a defender Doñana -ironizó Núñez Feijóo-. Doñana se defiende ejecutando infraestructuras.”
Fuente : Clarin