El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera José Luis Escrivá como ministro en funciones ha elaborado desde marzo un informe con proyecciones de gasto público en pensiones para justificar a la Comisión Europea las medidas abordadas en la reforma aprobada a comienzos hace ahora casi siete meses. Durante este tiempo se han plasmado sobre el papel y de forma conjunta las proyecciones macroeconómicas y demográficas que deberían apuntalar la sostenibilidad del sistema. Una de las principales fuentes de ingresos será el colectivo del trabajador autónomo: Escrivá quiere ingresar extra el 0,4% del PIB en 2032, cuando su cotización se equipare con la de los asalariados, el equivalente a 5.400 millones en cuotas, un 45% más de lo que generan en la actualidad. Ese extra supondrá un importante esfuerzo para cada bolsillo, que podría superar los 2.000 euros anuales al final del periodo estudiado, según cálculos del sector.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explicaron esta semana que aspiran a un completo despliegue del sistema de cotización por ingresos reales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). Con este sistema, tal y como se prevé en los documentos, los autónomos pasarán a cotizar de media lo mismo que los trabajadores del Régimen General, es decir, los asalariados.
Gradualmente asimilarán sus cuotas a la de los asalariados para generar también más derechos en forma de pensión, según el Ministerio, pese a que en un principio se defendió que el efecto de esta reforma iba a ser neto o nulo a efectos de recaudación de ingresos.
Con este nuevo sistema de contribución, la creación de dos nuevas cotizaciones, el destope de las bases máximas, la demora de la jubilación o las reformas laborales y bajo unos supuestos macroeconómicos y demográficos más optimistas que en la reciente historia económica del país, Escrivá espera contrarrestar con 1,8 puntos de ingresos el mayor gasto derivado del baby boom,hasta dejar el gasto neto de las pensiones en el 12,4% del PIB.
El Gobierno negoció entre finales de 2021 y comienzos del verano de 2022 con los agentes sociales las nuevas tablas de cotización para una primera fase del periodo transitorio, que termina en una década. A partir de ahí, se entiende que los tramos se irán ajustando en busca de mayor recaudación, unas tablas que aún no están negociadas. Para mitad de siglo, la reforma del régimen de cotización de los autónomos prevé incrementar los ingresos del sistema en 0,6 puntos del PIB en total, según el documento de la Seguridad Social.
Aunque fuentes del equipo de Escrivá apuntan a la equiparación de autónomos y asalariados a efectos de cotización en una década más allá de los acuerdos sociales que se alcancen hasta entonces. Las asociaciones de autónomos tienen una vista más cortoplacista. “Lo pactado por nosotros hasta ahora va hasta final de 2025. Cuando analicemos en los próximos dos años el sistema, veremos”, comenta a elEconomista.es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la patronal CEOE, Lorenzo Amor.
En la actualidad, la cuota que abonan los asalariados es un 81% superior que la de los trabajadores por cuenta propia, que históricamente se han asentado en los tramos bajos y sufren, por consecuencia, pensiones más bajas.
De hecho, los datos hasta 2021 explican una brecha en la pensión cercana al 60%: 1.141 euros de media para asalariados ajena, frente a 716 euros de autónomos, una trayectoria que históricamente coloca a los autónomos con una menor protección social en la jubilación.
Escrivá introdujo con este nuevo sistema dos grandes novedades. Primero, la posibilidad de adaptar la base de cotización hasta seis veces al año, es decir, que cada dos meses tienen la posibilidad elegir en qué tramo desean pagar su cuota según su previsión de ingresos netos. Y segundo, incluyen 15 tramos en total.
La adaptación al nuevo sistema también está siendo un escollo entre el colectivo. De hecho, sólo el 15% de los autónomos ha comunicado a la seguridad social su previsión de ingresos, unos 480.000 trabajadores por cuenta propia, debido a que la “inmensa mayoría del colectivo” se encuentran facturando lo mismo y no piensan comunicarlos, explica la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en su XIX Barómetro publicado la pasada semana.
Los trabajadores autónomos que no regularicen su situación verán ajustada su cuantía a abonar, tanto por lo alto como por lo bajo, una vez presenten la declaración. A este ajuste se acogerá previsiblemente un gran número de trabajadores que hayan variado de ingresos y no hayan comunicado su previsión.
Fuente: El Economista